Chile eligió una política de directo enfrentamiento contra el actual plan de los Estados Unidos de guerra sin cuartel contra las organizaciones criminales y narcoterroristas que han asolado las democracias de América con un saldo de millones de muertos tanto por crimen organizado como por sobredosis de drogas. En el caso de Chile una estrategia más prudente habría consistido en cooperar selectivamente en el plano operativo e inteligencia, mantener la soberanía jurídica interna y negociar condiciones de participación en mecanismos colectivos, en lugar de erigir un rechazo casi total. La soberanía no se defiende mejor negando la realidad de la existencia de amenazas compartidas o rechazando herramientas que otros Estados ya están desplegando; se defiende preservando capacidad de acción y alianzas útiles frente a actores no estatales que no respetan las fronteras ni la vida ni la Democracia ni los principios multilaterales.
Autor, Jorge Auristondo Vilches. Especialista certificado en Seguridad y Defensa.
La política de oposición sistemática de la autoridad de Defensa chilena (Ministro Fernando Barros Tocornal) a los planteamientos del Departamento de Guerra de los Estados Unidos sobre seguridad hemisférica y narcoterrorismo constituye un error estratégico de alto costo. No se trata de una defensa razonable de soberanía, sino de un alineamiento dogmático que sacrifica herramientas prácticas de seguridad colectiva, inteligencia y disuasión frente a redes transnacionales que ya operan desde hace años en Chile, sin obtener a cambio beneficios estratégicos equivalentes.
EL GRAVE ERROR ESTRATÉGICO DE CHILE
Aquí refrescamos las declaraciones del Ministro de Defensa de Chile, Sr. Fernando Barros Tocornal, desde el 11 de Marzo de 2026, en respuesta al discurso del Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Mr. Pete Hegseth el 11 y 12 de Agosto de 2026 en Panamá. Hegseth impulsó la iniciativa Escudo de las Américas, mayor gasto en defensa y abandono de la Corte Penal Internacional (CPI). Barros respondió con una postura de rechazo amplio:
• Chile “no es el patio trasero de ningún país”; las decisiones de defensa son soberanas según “su realidad”.
• Chile solo actúa como observador en Escudo de las Américas; la decisión final se anunciaría en Noviembre de 2026.
• Rechazo a imposiciones de gasto militar.
• Mantención de la adhesión a la CPI (competencia de Cancillería).
• Diferenciación explícita entre crimen organizado y terrorismo; oposición a la narrativa estadounidense de “narcoterrorismo”.
• Crítica a aranceles estadounidenses a productos chilenos como “injustos” y contrarios a la confianza bilateral.
LA POLITICA DE SEGURIDAD HEMISFÉRICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
El gobierno del Presidente Donald Trump — bajo la Orden Ejecutiva 14157 del 20 de Enero de 2025 y actualizaciones posteriores hasta Julio 2026 —, y el Departamento de Guerra bajo la dirección del Secretario Mr. Pete Hegseth han declarado al menos 18 organizaciones como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y/u Organización Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), varias de las cuales operan contra la Democracia y el pueblo chileno desde hace años: Cártel de Sinaloa, CJNG, Cártel del Noreste (ex-Zetas), Cártel del Golfo, Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos, Cártel de Juárez, Los Viagras, Tren de Aragua, Cártel de los Soles, MS-13, Barrio 18, Clan del Golfo, Los Choneros, Los Lobos, Chone Killers, PCC y Comando Vermelho.
CHILE SE OPONE A RECONOCER EL CARÁCTER TERRORISTA DEL NARCOTERRORISMO INTERNACIONAL
Chile no ha reconocido oficialmente a ninguno de estos 18 grupos como terroristas. Adhiere exclusivamente a la lista del Consejo de Seguridad de la ONU. En Chile la Ley N° 21.732 define conductas terroristas, pero no autoriza un listado administrativo; solo los tribunales pueden calificarlas en procesos judiciales. Los grupos son perseguidos como delincuencia organizada transnacional, asociación ilícita, tráfico, trata y lavado. Únicamente tres organizaciones locales mapuche han sido calificadas judicialmente bajo la ley antiterrorista chilena. Una resolución no vinculante de la Cámara de Diputados de Chile (Julio 2026) pidió declarar terrorista al Tren de Aragua, pero el Ejecutivo no lo ha hecho.
POR QUÉ LA OPOSICIÓN TOTAL DE CHILE ES UN GRAVE ERROR GEOPOLÍTICO Y ESTRATÉGICO
1 – La postura chilena eleva principios formales (soberanía absoluta, multilateralismo puro, distinción legal rígida) por encima de la realidad operativa de amenazas transnacionales.
2 – Los Estados Unidos ha convertido el combate al narcotráfico armado y a redes de violencia extrema en un eje prioritario de su política hemisférica de Seguridad y Defensa de la Democracia y el Orden de la Justicia.
Designar a estos grupos como terroristas habilita herramientas que el marco de “delincuencia organizada” no otorga con la misma fuerza: congelamiento de activos en jurisdicción estadounidense, restricciones de visado y transacciones, prioritización en cooperación policial y militar, y posibles operaciones bajo lógicas de contrainsurgencia y antiterrorismo.
3 – Oponerse “en todo” (gasto, narrativa de narcoterrorismo, mecanismo colectivo, lista de designaciones, CPI) genera tres problemas estructurales:
a – Pérdida de interdependencia asimétrica útil. Chile depende de los Estados Unidos en inteligencia sobre flujos de fentanilo, precursoras, rutas marítimas y lavado, así como en material y entrenamiento policial y militar. Una oposición sistemática erosiona la disposición estadounidense a compartir información sensible o a priorizar a Chile en ejercicios y asistencia.
b – Aislamiento relativo en un esquema colectivo emergente. Si el Escudo de las Américas avanza con otros países de la región como hoy lo hacen Colombia, Ecuador y Perú, pero Chile actúa como mero observador (o eventual no-participante) queda fuera de los mecanismos de coordinación, de la alerta temprana y de la respuesta conjunta. Las redes listadas (especialmente Tren de Aragua, CJNG, PCC y grupos ecuatorianos) ya tienen presencia o proyección en el Cono Sur. La negativa a adoptar la calificación terrorista limita el uso de instrumentos internacionales de presión financiera y judicial que los Estados Unidos sí está aplicando.
c – Confusión entre autonomía formal y capacidad real. Rechazar la narrativa de “narcoterrorismo” y las designaciones unilaterales protege el principio de legalidad y evita la politización, pero ignora que la violencia de estos grupos (ataques a fuerzas públicas, control territorial, expansión carcelaria, sicariato, minería ilegal) ya produce efectos equivalentes a los de organizaciones terroristas en términos de desestabilización local y erosión de monopolio estatal de la fuerza. Mantener la distinción jurídica interna es legítimo; convertirla en veto automático a toda cooperación hemisférica es estratégicamente costoso.
CAUSA Y EFECTO: CHILE PAGARÁ UN ALTO PRECIO POR ESTE GRAVE ERROR GEOPOLÍTICO Y ESTRATÉGICO
1 – Deterioro de la relación bilateral de seguridad: Las señales indirectas ya existen (críticas del embajador estadounidense Brandon Judd a las declaraciones públicas de funcionarios no comerciales; la continuidad de la promoción del Escudo de las Américas sin atender las objeciones chilenas).
Una oposición prolongada puede traducirse en menor prioridad para Chile en cooperación militar — la Fuerza Aérea de Chile (FACH) está negociando desde hace un año la compra de una flota de aviones caza bombarderos F35 Lightning II, el más moderno del mundo, en momentos que la Armada y el Ejército de Chile sufren una grave pobreza por las políticas antichilenas de los gobiernos comunistas de Michelle Bachelet y de Gabriel Boric, —. Con la torpe decisión del Ministro de Defensa de Chile, tambien sufrirá la colaboración en inteligencia y posiblemente en el tratamiento de aranceles y acceso a los mercados. Los documentos americanos registran la crítica chilena a los aranceles como daño a la confianza; la reciprocidad negativa es un riesgo real.
2 – Mayor vulnerabilidad a redes transnacionales: Sin alineamiento en designaciones y mecanismos colectivos, Chile enfrenta estas organizaciones narcoterroristas con ineficientes e ineficaces herramientas nacionales y de “delincuencia organizada”. Eso es insuficiente cuando los grupos operan con estructuras multinacionales, control de rutas y capacidad de corromper o intimidar instituciones. El Tren de Aragua y grupos mexicanos/brasileños ya demuestran proyección regional; la negativa a la calificación terrorista reduce opciones de cooperación internacional reforzada.
3 – Aislamiento político-diplomático relativo: Si otros países de América Latina se suman a Escudo de las Américas o adoptan parcialmente las designaciones estadounidenses, Chile aparece como el socio más reticente. En un contexto de rivalidad estratégica mayor (competencia con China y otros actores), distanciarse del principal poder militar del hemisferio sin un ancla de seguridad alternativo equivalente debilita la posición negociadora chilena.
4 – Riesgos económicos y de percepción: La crítica a los aranceles de los Estados Unidos y la defensa de la fallida Corte Penal Internacional (CPI) pueden leerse en Washington como señales de desalineamiento más amplio. En un entorno de administración estadounidense priorizando “America First” hemisférico, esto puede afectar inversiones, acceso a tecnología de defensa y tratamiento preferencial.
5 – Presión doméstica futura: Si la violencia de estos grupos narcoterroristas se intensifica en territorio chileno o en zonas fronterizas, la negativa a adoptar herramientas más robustas (aunque sean de origen unilateral) puede generar cuestionamientos internos sobre la suficiencia de la política de seguridad.
Consideraciones finales
Los documentos oficiales no registran una respuesta oficial directa de los Estados Unidos al Ministro de Defensa chileno Sr. Fernando Barros Tocornal hasta el 14 de Agosto de 2026, lo que indica que la fricción aún es manejable. Sin embargo, la combinación de rechazo a la narrativa de narcoterrorismo, a las designaciones, al aumento de gasto en Defensa y Seguridad, a la participación plena en el Escudo de las Américas y a cualquier presión sobre la corrupta Corte Penal Internacional (CPI) configura una política de oposición frontal.
Una estrategia más prudente habría consistido en cooperar selectivamente en el plano operativo e inteligencia, mantener la soberanía jurídica interna y negociar condiciones de participación en mecanismos colectivos, en lugar de erigir un rechazo casi total. La soberanía no se defiende mejor negando la realidad de la existencia de amenazas compartidas o rechazando herramientas que otros Estados ya están desplegando; se defiende preservando capacidad de acción y alianzas útiles frente a actores no estatales que no respetan las fronteras ni la vida ni la Democracia ni los principios multilaterales.
La política actual de Chile prioriza la pureza doctrinal sobre la eficacia estratégica y expone a Chile a costos de aislamiento y menor capacidad de respuesta que no parecen compensados por ganancias equivalentes en autonomía real.
MUERTES POR NARCOTERRORISMO, CRIMEN ORGANIZADO Y CONSUMO DE DROGAS SON UN GENOCIDIO Y DAN LA RAZÓN ABSOLUTA A LA OPERACIÓN MILITAR «ESCUDO DE LAS AMÉRICAS» DE LOS ESTADOS UNIDOS
Aquí entrego las cifras aproximadas de muertos en los últimos 10 años, desde 2016 al 2025/2026, por acción directa de los grupos terroristas, narcoterroristas, del crimen organizado y muertes por sobredosis de drogas ilegales, principalmente opioides/fentanilo y estimulantes, en todo el continente americano.
Solo en Norteamérica ya se supera el millón de muertes por sobredosis en la década.
1 – Estados Unidos: aproximadamente 850.000 a más de 950.000 muertes por sobredosis de drogas. Los años pico superaron las 100.000-110.000 anuales (2021-2023); luego bajaron a alrededor de 70.000-80.000 en 2024-2025.
2 – Canadá: más de 56.600 muertes aparentes por toxicidad de opioides solo entre enero 2016 y diciembre 2025.
Homicidios en América Latina y el Caribe, incluido México:
1 – La región registra consistentemente del orden de 100.000 a 120.000+ homicidios intencionales por año en los últimos años (ej. al menos 121.000 en 2024 y cerca de 109.000 en 2025 según InSight Crime).
2 – En una década eso suma fácilmente más de 1 millón de homicidios. México solo supera las 300.000 muertes violentas en el último decenio, y una proporción muy elevada (estimaciones frecuentes entre la mitad y dos tercios en varios años) está vinculada a cárteles y crimen organizado.
3 – Brasil, Colombia, Ecuador (con picos recientes muy altos), Venezuela, Centroamérica y el Caribe aportan cientos de miles más. Una parte sustancial de estos homicidios está asociada a disputas de cárteles, pandillas (MS-13, Barrio 18, Tren de Aragua, etc.), control de rutas de droga, extorsión y sicariato.
Totales combinados
Sumando sobredosis de drogas (principalmente Norteamérica) + homicidios en el conjunto de las Américas (con fuerte componente de crimen organizado y tráfico de drogas en México, Centroamérica, el Caribe y varios países de Sudamérica, incluido Chile), el saldo de la década supera con claridad el millón y se sitúa en el rango de los 2 millones o más, según cómo se delimite el “vinculado a”.
No se contabilizan en esta lista las decenas de miles de víctimas «desaparecidos» o «desapariciones forzadas» por secuestros del crimen organizado y el narcoterrorismo.
Tampoco he incluido en este conteo las muertes indirectas (enfermedades asociadas al consumo de drogas ilegales, la violencia doméstica vinculada, etc.).
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