Actualizado 28 de Julio de 2026
Chile se declara un país católico y hasta ultra católico con una larga y criminal tradición de abuso sexual infantil y pedofilia, tanto al interior de las familias como en la vida social e institucional. El pais está lleno de personas que son hijos e hijas del abuelo o del tío. Esto es muy fácil comprobarlo con un simple y muy barato examen de sangre del grupo sanguineo y RH. Son datos estadísticos. En casos donde los autores son gente de la Iglesia o políticos, a pesar del horror, se cierran los casos bajo un manto de escandalosa impunidad y rara vez se ha condenado a los culpables. ¿ Y, por qué? ¡Aquí te lo explico!
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¡Impacto! Johannes Kaiser revela que cifra exacta de niños haitianos desaparecidos en Chile son 16.000.
Y, ¿Qué tiene que ver que Chile sea un país católico y hasta ultra católico con el abuso sexual infantil y la pedofilia?, a propósito del actual caso de la red de tráfico de niños y adolescentes haitianos a Chile durante el gobierno de Gabriel Boric y que está causando un terremoto político hoy.
Chile enfrenta serios desafíos en la protección de niños, niñas y adolescentes frente a la violencia sexual. Según datos oficiales de la Defensoría de la Niñez, solo en 2024 más de 39.000 menores fueron ingresados como víctimas de alguna forma de violencia sexual, cifra que representa una proporción muy alta de las denuncias por delitos sexuales ante el Ministerio Público. Distintos informes del sistema de justicia han señalado que una parte significativa de estas denuncias no concluye en condenas, lo que ha generado un debate público legítimo sobre la efectividad de las investigaciones y la posible existencia de brechas que dificultan la sanción de los responsables.
En los últimos años, la sociedad chilena ha conocido casos graves de abusos sexuales cometidos por miembros del clero católico, entre ellos el emblemático caso del sacerdote Fernando Karadima y otros que involucraron a distintas congregaciones religiosas. Estos episodios han sido objeto de investigaciones periodísticas, judiciales y eclesiales, y han motivado reclamos de víctimas por mayor transparencia, rendición de cuentas y medidas de prevención. La Iglesia Católica en Chile ha adoptado algunas respuestas institucionales, aunque persisten demandas de sobrevivientes y organizaciones por justicia efectiva.
En relación con el caso que ha generado gran preocupación pública en las últimas semanas, la Fiscalía Nacional abrió una investigación de oficio tras un informe de la Contraloría General de la República y una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG). Los antecedentes dan cuenta de irregularidades en el ingreso a Chile durante 2025 de miles de niños, niñas y adolescentes haitianos a través de vuelos chárter, bajo la figura de reunificación familiar. Se investiga si algunos de los adultos que acompañaban a los menores actuaban realmente como familiares o si se configuran conductas de tráfico de personas. Hasta el momento se desconoce el paradero de 16.000 niños haitianos y se han detectado patrones como el ingreso repetido de ciertos adultos con grupos de menores. Las autoridades competentes han enfatizado la necesidad de esclarecer estos hechos con rigor.
Estos antecedentes destacan la importancia de fortalecer los mecanismos de protección a la infancia en todos los ámbitos —familiar, social e institucional— y de mejorar los controles en los procesos migratorios. Es fundamental que las investigaciones en curso avancen con independencia, transparencia y celeridad, de modo que, de confirmarse responsabilidades penales, los culpables sean sancionados conforme a la ley, y que se implementen las medidas necesarias para resguardar el interés superior de los niños y prevenir situaciones similares.
Y es que cada vez que la Iglesia Católica o un político con fuerte compromiso vaticano ha sido denunciado e investigado por casos de pedofilia y abuso sexual infantil o abuso sexual de adultos en la mayoría de las investigaciones judiciales los casos son cerrados sin condenas por jueces católicos con fuertes compromisos y lazos con la Iglesia y, al mismo tiempo, las investigaciones policiales ocultan y borran las pruebas acusatorias por policías y altos mandos policiales que también son católicos y tienen fuertes compromisos y lazos con la Iglesia. ¡Pero si en Chile esos mismos jueces comulgan y las policías tienen curas trabajando al interior de las instituciones!
Para entender y comprender cómo operan estas poderosas redes de impunidad primero te explico los siguiente: EL CONTEXTO DE LA IMPUNIDAD.
CÓMO OPERA EL SILENCIOSO CONTROL DEL ESTADO VATICANO, UN ESTADO EXTRANJERO, SOBRE LA INSTITUCIONALIDAD DE CHILE: UN ESTADO DENTRO DEL ESTADO.
En Chile, el control de la Iglesia Católica sobre la institucionalidad se hace con los sacerdotes que prestan servicio religioso al interior de las Fuerzas Armadas y al interior de las policías y se denominan «capellanes castrenses» o simplemente «capellanes militares».
Todos ellos dependen del Obispado Castrense de Chile qué es nombrado por el Papa en persona. El Obispado Castrense de Chile es el organismo con el cual el Vaticano controla e influye directamente sobre los altos y medianos mandos militares y policiales ¿TE QUEDÓ CLARO ESTE PUNTO? Los cargos principales son:
Obispo Castrense: máxima autoridad religiosa de la Iglesia Católica para las Fuerzas Armadas y de Orden. Actualmente es Pedro Ossandón Buljevic.
1. Capellán Jefe: sacerdote que dirige el servicio religioso de cada institución. Por ejemplo:
- Ejército: Capellán Jefe del Servicio Religioso del Ejército.
- Armada: Capellán Jefe del Servicio Religioso de la Armada.
- Fuerza Aérea de Chile: Jefe del Servicio Religioso de la FACH.
- Carabineros (policía militarizada uniformada) : Capellán Jefe del Servicio Religioso de Carabineros.
2. Capellán de planta: sacerdote destinado permanentemente a una unidad militar, escuela matriz, hospital institucional o repartición.
3. Capellán ad honorem o honorario: sacerdote que colabora sin pertenecer a la planta permanente.
SIN EMBARGO EN CHILE LOS CURAS QUE SON FUNCIONARIOS VATICANOS OPERAN DENTRO DEL ESTADO COMO FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE CHILE CON SUELDOS Y PENSIONES PÚBLICAS. ENTONCES. CHILE NO ES UN ESTADO LAICO.
Muchos capellanes reciben una asimilación de grado militar para efectos protocolares y de funcionamiento dentro de la institución. Por ejemplo, el Capellán Jefe del Ejército puede ostentar un grado equivalente a Coronel dentro del servicio religioso.
EL CASO DE LA POLICÍA CIVIL DE INVESTIGACIONES (PDI)
A diferencia del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) no forma parte del Obispado Castrense ni posee un servicio religioso católico institucional permanente con la misma estructura formal de capellanes de planta. SIN EMBARGO, sí cuenta con asistencia espiritual a través de capellanes y ceremonias religiosas institucionales.
¿Qué hacen los curas capellanes en la PDI y cuáles son sus redes de poder?
– Apoyo espiritual y moral a detectives y asistentes policiales.
– Acompañamiento a las familias de funcionarios.
– Consejería en situaciones de estrés, duelo o crisis.
– Participación en ceremonias institucionales, aniversarios y homenajes a funcionarios fallecidos.
– Celebración de misas, Te Deum y servicios ecuménicos.
Capellanes católicos y evangélicos:
Históricamente, la PDI ha contado tanto con sacerdotes católicos como con capellanes evangélicos.
Por ejemplo:
En distintas regiones de Chile han servido sacerdotes católicos como capellanes institucionales para actos religiosos de la PDI.
- El pastor David Muñoz Condell se desempeñó como capellán evangélico de la PDI y participó en actividades oficiales de la institución.
- En distintas regiones han servido sacerdotes católicos como capellanes institucionales para actos religiosos de la PDI.
Ceremonias religiosas
Cada año, en torno al aniversario de la PDI (día 19 de Junio), se realizan ceremonias dirigidas por curas católicos y pastores evangélicos conjuntamente:
- Servicios de Acción de Gracias ecuménicos.
Misas y Te Deum. - Bendiciones institucionales.
- Homenajes a los funcionarios fallecidos.
Algunos casos de pedofilia y abuso sexual infantil y de adultos cometidos por curas católicos y/o funcionarios públicos ligados a la Iglesia (políticos del Partido Democracia Cristiana) investigados por jueces y policías católicos y donde se ocultaron las denuncias, se amenazaron a las víctimas y a los testigos, el Papa envió a los curas involucrados a otros países y casos que se cerraron y/o archivaron sin condenas o, simplemente, la justicia los declaró «casos prescritos».
Casos documentados por la prensa de religiosos acusados de abuso sexual enviados por la Iglesia Católica a otros países.
Existe un patrón bien documentado por investigaciones periodísticas y comisiones oficiales en varios países: en lugar de remover de inmediato del ministerio o denunciar a las autoridades civiles, superiores eclesiales (obispos, congregaciones o el Vaticano) trasladaron a sacerdotes o religiosos acusados de abuso sexual a otras parroquias, diócesis o incluso a otros países. Esto se ha criticado ampliamente porque en muchos casos permitió que los acusados tuvieran contacto con nuevas víctimas.
1. Caso de Sor Paula (Isabel Margarita Lagos Droguett) – Chile → Alemania (2011)
– Religiosa ursulina chilena y superiora de la congregación en Chile.
– Fue acusada por exalumnas de colegios de la congregación de abuso sexual contra menores.
– En 2010 la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada del Vaticano intervino el monasterio. En marzo de 2011 la removieron de su cargo de superiora y la enviaron a recluirse en un monasterio de las Ursulinas en Alemania (sede de la orden).
– Regresó a Chile en 2012 por razones humanitarias y falleció ese mismo año.
Este caso fue ampliamente cubierto por la prensa chilena (La Tercera, Cooperativa, etc.
Ver Caso de Sor Paula en Wikipedia ->
https://es.wikipedia.org/wiki/Sor_Paula?wprov=sfla1
2. Jordi Ignasi Senabre – España → Ecuador (1990)
– Párroco de Polinyà (Barcelona). Acusado en 1988 de abusar de un niño de 12-13 años.
– El Arzobispado de Barcelona lo ayudó a huir: lo envió como misionero fidei donum a Ecuador en 1990 para evitar el juicio.
– Vivió casi 30 años en Ecuador (en la diócesis de Santo Domingo de los Colorados). El País lo localizó allí en 2018 y confirmó que el arzobispado barcelonés siempre supo dónde estaba.
3. Nicolás Aguilar Rivera – México → Estados Unidos.
– Sacerdote de la diócesis de Tehuacán (México). Acusado de abusar de decenas de niños y adolescentes (alrededor de 40-60 denuncias en México).
– A pesar de las acusaciones conocidas por el obispo Norberto Rivera, fue enviado a trabajar a la Arquidiócesis de Los Ángeles (EE.UU.), donde según las víctimas siguió abusando de más menores (al menos 26 casos reportados allí).
– Se convirtió en prófugo. Este caso fue investigado por medios mexicanos y estadounidenses y es uno de los ejemplos más citados de traslado internacional.
4. Decenas de sacerdotes estadounidenses enviados al extranjero (investigación ProPublica / Houston Chronicle, 2020)
Una investigación periodística encontró que la Iglesia Católica permitió o facilitó que más de 50 sacerdotes con acusaciones creíbles de abuso sexual en EE.UU. se mudaran a trabajar en otros países (Irlanda, Nigeria, Filipinas, entre otros).
En varios casos continuaron ejerciendo el ministerio en el extranjero. -> https://www.propublica.org/article/docenas-de-sacerdotes-catolicos-con-acusaciones-creibles-de-abuso-encontraron-trabajo-en-el-extranjero-algunos-con-la-bendicion-de-la-iglesia
IMPUNIDAD DEL CASO KARADIMA.
El caso del sacerdote Fernando Karadima quedó sin castigo judicial penal (es decir, sin condena ni pena de cárcel en la justicia ordinaria chilena). Aquí operaron todas las redes judiciales y políticas que controla el Vaticano en Chile. Te explico los hechos de forma precisa y con las etapas clave:
1. Investigación penal en Chile (Justicia ordinaria)
– Las denuncias principales se hicieron públicas alrededor de 2010 (aunque algunas víctimas habían denunciado antes, desde 2004).
– Los abusos que se le atribuyeron ocurrían principalmente entre los años 1980 y principios de los 90.
– En 2010-2011 el juez Leonardo Valdivieso de la Corte de Apelaciones de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo de la causa penal.
– Motivo principal: Prescripción penal. El tiempo transcurrido desde los hechos superaba el plazo legal para perseguir penalmente los delitos (en ese entonces el plazo para abusos sexuales era de 10 años en muchos casos, y ya había prescrito).
Resultado: Fernando Karadima nunca fue condenado penalmente por la justicia chilena. No cumplió ni un día de cárcel ni recibió sanción penal.
2. Sanciones eclesiásticas (Vaticano)
Aunque no hubo condena penal, sí hubo sanciones por parte de la Iglesia:
– 2011: La Santa Sede (después de una investigación canónica) declaró a Karadima culpable de abusos sexuales violentos a menores y de abuso de poder. Lo condenó a una vida de retiro, oración y penitencia, con prohibición perpetua de ejercer ministerio público, confesar o dirigir espiritualmente a nadie.
– 28 de septiembre de 2018: El papa Francisco lo expulsó del estado clerical (lo laicizó). Esta fue una medida más dura, tomada en el contexto de la grave crisis de la Iglesia chilena.
Karadima vivió recluido en un convento de Providencia (Santiago) desde 2011 hasta su muerte.
3. Responsabilidad civil de la Iglesia (importante fallo de 2019)
Aunque Karadima no fue condenado penalmente, la Iglesia como institución sí fue condenada:
– En marzo de 2019, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Arzobispado de Santiago a pagar 100 millones de pesos (aprox. US$147.000 de la época) a cada uno de tres víctimas emblemáticas: James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo, por daño moral y por encubrimiento de los abusos.
– El fallo estableció que la Iglesia fue negligente al no proteger a las víctimas y al no tomar medidas oportunas.
– El Arzobispado decidió no apelar la sentencia y la cumplió.
Este fallo fue considerado histórico porque fue la primera vez que la justicia chilena condenó directamente a la Iglesia Católica por su responsabilidad propia en casos de abuso.
4. Fallecimiento
Fernando Karadima murió el 25 de julio de 2021 a los 90 años en una residencia de ancianos en Lo Barnechea (Santiago), sin haber cumplido condena penal.
Este caso fue uno de los detonantes de la gran crisis de credibilidad que vivió la Iglesia Católica en Chile entre 2018 y 2019, que terminó con la renuncia de varios obispos y una intervención directa del Vaticano.
VER CASO KARADIMA EN WIKIPEDIA AQUÍ
https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Karadima?wprov=sfla1
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